Ver más artículos  

4/8/2013

LEÓN BENDESKY

Las previsiones del gobierno con respecto al crecimiento de la economía y el mantenimiento de la estabilidad fiscal y financiera son bastante positivas. A principios de abril la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso un documento con las estimaciones al respecto para 2013 y 2014.

Lo que ahí se advierte es una mayor producción, crecimiento moderado de los precios, estabilidad en las tasas de interés de la deuda pública y del tipo de cambio y un balance fiscal reducido, lo que indica que no habría presiones sobre los requerimientos financieros del sector público.

El entorno que se percibe es, pues, bastante bueno, sobre todo considerando los severos problemas que persisten en Europa, Estados Unidos y Japón, y la desaceleración del crecimiento en otros como los que se llaman BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y cuya dinámica productiva marca el desempeño de las economías emergentes.

Lo que es más, las expectativas hacendarias sobre la expansión de la actividad económica con estabilidad macroeconómica están hechas considerando un escenario inercial, como textualmente se dice en el documento de referencia. Esto quiere decir que están basadas en el marco legal actual y no considera los efectos positivos que se derivarían en especial de la reformas hacendaria e, igualmente, de la energética y de telecomunicaciones y que están pendientes.

La reforma hacendaria deberá, según la visión gubernamental, cumplir tres objetivos: 1. fortalecer la capacidad financiera del Estado y no sólo del gobierno (incluye a estados y municipios); 2. crear un sistema más justo del pago de los impuestos y así contribuir de modo más equitativo con el gasto público, y 3. una simplificación del sistema tributario.

Estos objetivos, por cierto, se han perseguido desde hace décadas sin que haya habido un arreglo funcional en materia financiera. Y esto sucede no sólo en el ámbito público –el fiscal–, sino en el privado, lo que se expresa, por ejemplo, en las crisis recurrentes, la falta de crédito a las empresas, principalmente las más pequeñas, y las cargas sobre la deuda pública que se generaron con los rescates bancarios.

Hay una relación estrecha entre el modo en que operan las finanzas públicas y cómo se organizan las corrientes de crédito en el sector privado. Se aprecian una serie de desajustes y fricciones de tipo institucional, otros derivados de los derechos de propiedad, unos de índole legal y, también, económicos en lo que puede concebirse como la arquitectura del sistema financiero de México.

Toda reforma hacendaria y en general financiera tiene que tomar en cuenta esa arquitectura, tanto en términos de su estructura como de su diseño.

La relevancia de la reforma hacendaria es que, según se estima, hasta la mitad de los compromisos firmados en el Pacto por México dependen de ella de alguna manera. No es pues un asunto menor en el plan de gobierno. En el centro de la disputa está también la cuestión de las reformas energética y de telecomunicaciones y su impacto en dos sectores clave de la economía y que, además, inciden de modo sensible en la situación política en el país.

Se trata del uso de recursos estratégicos y de armaduras rígidas de mercado que significan un control estatal bastante ineficiente del petróleo y el gas, que produce un gran costo para los consumidores, genera una elevada corrupción y alta dependencia fiscal del gobierno.

Por otro lado está el poder que representa en las telecomunicaciones la concentración en muy pocas y demasiado poderosas manos, sin que el Estado haya podido ordenar un sector crucial por los enormes montos de ganancias que representa y su significado en el desarrollo tecnológico. La Comisión Federal de Telecomunicaciones tiene que ser profundamente reformada por su ineficacia y marginalidad, y la legislación no puede seguir protegiendo los enormes intereses que ahí existen sin abrir efectivamente mayor competencia.

El gobierno proyecta que con el conjunto de las reformas que se ha planteado, la economía mexicana podría crecer hasta 6 por ciento anual. Es una meta muy ambiciosa. En todo caso eso depende no sólo de que ellas pasen por el Congreso, camino que se ha ido allanando pero en el que aún hay baches, sino de cuál sea su contenido final, cómo se establezcan las leyes secundarias y, de modo esencial, cómo se apliquen y se acomoden los diversos intereses en juego. El proceso será largo y tortuoso y el entorno es aún de mucha incertidumbre.

No se debe olvidar que llegar a esas tasas de crecimiento del PIB depende de varias cuestiones. La recuperación de Estados Unidos por su peso en las exportaciones de manufacturas, la capacidad de reacción del mercado interno que está bastante deformado, y el hecho de que ya de modo oficial se admite que 60 por ciento de la fuerza laboral está en la informalidad.

En el conjunto de las reformas que se están empujando el gobierno afirma que no hay consideraciones ideológicas de por medio en su planteamiento y su ejecución, sino que prevalece un sentido eminentemente práctico. Es muy difícil separar en los campos de la gestión pública señalados en esta nota las posiciones ideológicas de los criterios eminentemente pragmáticos. Esto se ubica en el centro de la acción política que pretende impulsar el nuevo gobierno y marca también el sentido y el contenido de la salida del PRI del gobierno en el año 2000 y, sobre todo de su regreso en 2012.



*Artículo publicado en la Jornada el 08 de Abril de 2013.