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10/28/2013

LEÓN BENDESKY

Mucha atención se ha puesto en el aspecto de la equidad de la reforma fiscal. La distribución del ingreso es, por supuesto, un asunto de la mayor relevancia, éticamente y hasta en términos de eficiencia, pero su mejoramiento no se desprende de modo directo de las propuestas hechas en torno a los impuestos. Así que conviene poner el ojo en la afectación que dicha reforma tiene para los trabajadores.

Es un lugar común decir que para distribuir el ingreso hay que crearlo primero. Y resulta que la mayor parte del empleo lo crean los pequeños y medianos negocios, y no las grandes empresas, y menos aún las que tienen un poder monopólico en el mercado. Esa distincion no está hecha en la propuesta de reforma, que no se centra en la forma de aumentar decisivamente el empleo formal, bien remunerado y con prestaciones sociales. Ni el código fiscal ni la ley de ingresos están orientados en dirección de crear más empleo, lo que es muy diferente de la ocupación, como ahora se usa en las estadísticas oficiales.

El ánimo recaudador del fisco no está apoyado en medidas que provoquen un mayor empleo de la fuerza de trabajo, con más productividad y mejores salarios. Para las empresas será más caro contratar trabajadores, ya que los incentivos están sesgados hacia encarecer la nómina. La respuesta sera rápida en contra del trabajo.

Este es un aspecto clave de la reforma económica que está en curso, lo que no puede esconderse en el debate acerca de cómo conseguir una mayor recaudación, como si ésta fuese por sí misma una condición suficiente para superar los rezagos sociales, de inversión y productividad del país; como si el Estado, tal y como está conformado, y tal y como funciona política e institucionalmente, garantizace mediante su ingreso y su gasto un mayor bienestar (valga la ambigüedad del uso actual de la palabra).

En el presupuesto federal para 2014 la mayor asignación está dedicada al gasto corriente y, además, soportando un nivel de endeudamiento grande con respecto al producto generado, aunque no sea de los niveles que muestran otros países.

Contratar deuda es sencillo, pagarla es lo difícil, y para hacerlo hay que generar los recursos requeridos, pagando lo pactado y en los plazos estipulados. Si la actividad económica no se recupera, eso será muy complicado, y para que ocurra tiene que haber más recaudación, soportada precisamente en un mayor empleo de los recursos disponibles, especialmente, el trabajo.

En las condiciones económicas que prevalecen, con un crecimiento de la actividad productiva raquítico y, por supuesto, insuficiente para acrecentar el nivel de vida de las personas; con un esquema de concentración en el mercado que no cede un ápice en los sectores más rentables, el fomento del empleo remunerado y con prestaciones sociales debería ser un objetivo clave de la política pública. Pues este no es el caso, cuando menos más allá del discurso político.

Con esto se consigue sólo un estéril enfrentamiento entre quien pudiera y quisiera invertir en una empresa y quien necesita un empleo. La situación general se agravará en la medida en que no se eleve el empleo formal y menos aun se consiga integrar a quienes operan hoy en el mercado informal y siguen engrosando sus filas. Pues ocurre igualmente que los incentivos propuestos para ello son bastante débiles y, más bien, insustanciales.

De la reforma financiera, que por ahora ha quedado pospuesta en el Senado y de la fiscal que ahí se debate, no se desprenden ni más fuentes de financiamiento para las empresas más pequeñas, ni tasas más bajas en los créditos y, tampoco, maneras para aumentar el empleo. No hay congruencia entre las medidas que se están adoptando y los resultados que pretenden conseguir. Pero entretanto se abre una disputa entre los que deberán pagar más impuestos y el gobierno.

Esta disputa desvía la atención del conflicto que se da ineludiblemente cuando se quiere recaudar más. Parte de este enfrentamiento se dirige hacia los trabajadores, pues no hay las condiciones para que aumente la contratación.

Se trata, pues, del constante ajuste que ocurre en el mercado entre los precios y las cantidades. A un mayor costo laboral, la cantidad de trabajo demandado por las empresas será menor. El ingreso de las familias tenderá a disminuir, a lo que habrá que sumarle el peso de una mayor inflación derivada de las propias medidas hacendarias y del costo de la deuda (así como de las presiones internacionales si la tasa de interés empieza a subir en Estados Unidos).

Si la economía no crece, como se supone en el planteamiento de las reformas (financiera, fiscal y energética), la recaudación no va a aumentar y será entonces más oneroso o imposible cubrir los gastos de las pensiones universales, el seguro de desempleo y los programas de salud. Ya este año el producto crecerá muy por debajo de lo originalmente estimado, los resultados de 2014 no serán tampoco los que se han proyectado, y eso aun manteniendo la dependencia fiscal del gobierno de los ingresos del petróleo.

Si los empresarios se quejan de las consecuencias de la reforma en sus ingresos, los trabajadores deberían hacerlo todavía más.



*Artículo publicado en La Jornada el 28 de Octubre de 2013