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8/19/2013

LEÓN BENDESKY

El gobierno ofreció emprender reformas en distintos sectores de la economía y la sociedad. Así lo ha hecho y rápido en los casos de la educación y las telecomunicaciones, con un rígido control de su partido y aliados en el Congreso y, hasta ahora, con el concurso de la oposición en el marco del pacto que han firmado.

Están hoy sobre la mesa las iniciativas de reforma financiera y energética. En estos casos podría haber mayor confrontación, sobre todo en la segunda. Habrá que ver como se impone de nuevo una forma de mando, autoridad y control político bien reconocibles.

Ahora la polémica se enfoca en la reforma energética. La apertura de la industria está en el centro, principalmente mediante los contratos de utilidad compartida con empresas privadas en la exploración y producción de crudo y de gas esquisto.

Es una reforma crucial sin duda, que altera la estructura de las industrias petrolera y petroquímica y también la eléctrica. Criticada desde la derecha por insuficiente y por la izquierda como entreguista. No podía ser de otra manera, dadas la intolerancia política o las ideologías contrapuestas. La historia no se sacude como la pelusa de la solapa del saco, tampoco ha de ser un ancla que inmovilice.

Durante mucho tiempo y para fines de control y hegemonía políticos fue usado por el mismo PRI como parte de una estrategia de poder extendido como los largos tentáculos de un pulpo. Ahora hay que adaptarlos en aras de la modernidad como sostiene el nuevo director de Pemex. La modernidad que tiene tantas arista y recovecos y que para una gran parte de la sociedad mexicana carece de una expresión concreta, cuando menos en comparación con el tamaño de las resonantes ofertas hechas durante décadas. Así que lugar para resquemores lo hay.

Un elemento que marca las disputas en el caso de la energía es la penumbra en la que se maneja la situación de Pemex. En esta sociedad se alardea de transparencia y de mecanismos de la gestión democrática, pero en realidad se mantiene una gran opacidad y una eterna sospecha que parece bien fundada.

Una reforma de este calado se ha presentado sin suficiente cimiento de credibilidad de índole operativa, de negocio y, sobre todo, política. No hay diagnóstico certero de la situación de Pemex, avalado por un órgano independiente del gobierno y verosímil para la sociedad.

Ahí habría de asentarse la situación del sector petrolero: los recursos disponibles y las reservas probadas, la producción de crudo, gas y derivados, la tecnología utilizable, la capacidad humana en la administración, producción y comercialización; la inversión realizada y la que puede hacerse. Debería mostrarse la situación de la empresa: capacidad directiva, órganos y el funcionamiento del gobierno corporativo, rendición de cuentas, estado de las relaciones laborales, el pasivo laboral y la relación con el sindicato en un entorno de enorme de corrupción y de conflicto de intereses.

Se tiene que conocer la enfermiza dependencia fiscal del gobierno de la renta petrolera y su efecto concreto en una empresa tullida pero no por ello incapaz de hacer mucho más de lo que ahora puede. Su rentabilidad elevada es aducida por los mismos que promueven la reforma. O bien, será con nuevos impuestos que la población cubrirá el déficit de ingresos públicos.

Esto sería un cimiento más sólido para intentar otras formas de funcionamiento, como los que ahora se han propuesto. Hay que mostrar lo que hay y puede haber en materia de independencia operativa, financiamiento, abastecimiento y proveedores, y la creación de cadenas de producción que refuercen el mercado interno. Y no menos relevante es el asunto de la seguridad de la industria.

Los inversionistas quieren todo por supuesto, es decir, la concesión que los haría propietarios de los productos generados; tendrán acceso a un sector rentable que es la refinación y la petroquímica. Lo que resulte será clave para las expectativas oficiales de que en 2018 se habrá agregado un punto porcentual al crecimiento de la economía y la creación de 500 mil empleos.

La referencia explícita a lo propuesto en 1938 por Lázaro Cárdenas es un recurso hábil aunque burdo, está lejos de validar la propuesta de reforma. Junto con la exégesis que de ahí se deriva de las condiciones de la expropiación no debería ocultarse la realidad del sector energético, su papel en el crecimiento en el marco del muy precario desarrollo económico y social, así como del entorno de las relaciones comerciales y financieras globales. ¿Y donde está alguna referencia siquiera a una política energética integral y con fuentes alternativas? El petróleo no puede ser la única base la estrategia energética, por razones ecológicas y tecnológicas.

La oferta del gobierno y el discurso de la modernidad remite a la experiencia de apertura y liberalización en México que llevaron al TLC y a un sector financiero desligado del crédito productivo por el control de un par de grandes bancos extranjeros con un alto riesgo sistémico para esta economía. En la experiencia mexicana reciente hay un largo trecho entre lo dicho y lo hecho.



*Artículo publicado en La Jornada el 19 de Agosto de 2013.