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4/4/2016

LEÓN BENDESKY

El desempeño macroeconómico ha sido el punto central del discurso de gobierno en esta administración. Ha sobresalido sobre otros temas de relevancia, sobre todo luego del intenso proceso de reformas con las que inició este sexenio.

Mientras que las variables económicas no se han desquiciado, otros aspectos críticos de esta sociedad no solo no se han mitigado sino que se agravan, entre estos son muy claros los de la inseguridad pública, la impunidad y los conflictos sociales. La atención en la economía no los puede relegar.

La Secretaría de Hacienda entregó hace unos días al Congreso el documento de Precriterios 2016, en un texto puntual y breve que se presenta como basado en premisas realistas. Entre sus puntos principales están: no se aumentarán los impuestos ni se elevará la deuda pública, aun con la caída de los ingresos petroleros, lo que solo puede compensarse con una caída del gasto para mantener la solidez de las finanzas públicas.

Un primer dilema es, entonces, cuál será el resultado de tal ajuste financiero de modo que no reduzca el crecimiento productivo y el empleo. Esto requiere una gestión de los recursos públicos que eleve su eficacia, lo que está directamente asociado con la asignación de los recursos. Sobre esto no se remite a ninguna información complementaria en el comunicado oficial.

En cuanto a la deuda pública (cuya medida más amplia se llama técnicamente el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público) se prevé que empiece a reducirse en 2017. Este supuesto está condicionado directamente por el comportamiento de la actividad productiva que, a su vez, depende del entorno externo.

Para alcanzar este objetivo se anuncia que habrá un ajuste del gasto (sin considerar la inversión de alto impacto económico y social) de 175.1 mil millones de pesos, que se suman a los 132.3 que se anunciaron en febrero pasado. Los precriterios asumen que la reducción del gasto es compatible con una expansión económica y con el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica. Este es un asunto clave de la política fiscal y monetaria del gobierno. Lo que está detrás es el papel del gasto público y en general del déficit fiscal en la dinámica de la producción y en la tendencia de la inflación.

Uno de los rubros sobresalientes de las cuentas públicas sigue siendo el de los ingresos petroleros. Se prevé que en 2017 se reduzcan en casi 25 por ciento con respecto a los de este año, en tanto que los no petroleros aumentarían 3.2 por ciento. Por el lado del gasto la caída sería del orden de 4.2 por ciento.

El caso del petróleo es preponderante en la situación fiscal. El precio del barril de crudo sigue siendo muy bajo y se ha fijado en términos del presupuesto en 25 dólares este año y 35 el siguiente. Pero, además, está la debacle de Pemex, cuya situación financiera es crítica y no hay un escenario que se exponga sobre la evolución de la empresa y el estado en el que puede acabar en los meses por venir.

La plataforma de producción ha caído sensiblemente y de 2 millones 123 mil barriles diarios seguirá cayendo a 2 millones 18 mil el año entrante, según las previsiones presupuestarias. No debe olvidarse que la reforma constitucional le dio a Pemex el estatuto de empresa productiva del Estado y que forma parte de un sector esencial para soportar cualquier proceso sostenible de crecimiento y desarrollo en el país: el de la energía. Las repercusiones de la apertura del sector a la inversión privada están por verse.

La política fiscal está encaminada a reducir el déficit. Lo relevante es si estas medidas son compatibles con la consecución de una tasa de crecimiento como la que se estima todavía para este año y la de 2017. Los precriterios fijan esa tasa entre 2.6 y 3.6 por ciento para ambos casos. Ya ha habido en las semanas anteriores previsiones que estiman una tasa de 2.4 en 2016.

Algo similar ocurre con la inflación. En términos anuales (febrero 2015-febrero 2016) la tasa es de 2.87 por ciento y el objetivo es de 3. Pero el aumento de los precios está condicionado en este caso por una insuficiencia de la demanda, lo que el banco central llama la holgura de la economía, o sea que se opera por debajo del potencial de producción. Esto da un margen de maniobra amplio al banco central.

El documento de Hacienda estima que para finales de 2016 la tasa de interés (Cetes a 28 días) será de 4.3 por ciento y 5.3 en 2017. Este es otro aspecto de la consistencia de las previsiones macroeconómicas generales que se presentan, ya que el costo del crédito está ligado con la inflación. En este caso el aumento real (sin considerar el alza de los precios, es de 1.8 por ciento). Hay que considerar el efecto que esto puede tener en la inversión productiva y, también, en el ahorro. Este último sigue siendo muy reducido en el país, como se aprecia en las cuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Las políticas fiscal y monetaria han sido un campo muy activo de las acciones de este gobierno. Hasta ahora los datos macroeconómicos pueden sustentar que en ese terreno no se han desbocado. Pero las condiciones de la estabilidad son precarias, el crecimiento se concentra en los mismos sectores que han dominado la dinámica productiva en los años recientes y no se disemina al resto. El documento de pre-criterios 2016 profundiza las pautas de las políticas públicas en materia económica y queda abierto el impacto global que puedan tener en la situación social.



*Artículo publicado en La Jornada el 04 de Abril de 2016.