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2/6/2012

LEÓN BENDESKY

Este es un periodo privilegiado para la observación de los procesos sociales. La crisis financiera en los países más desarrollados exhibe las contradicciones existentes en el sistema económico y su entrelazamiento con los arreglos políticos prevalecientes. Esto tiene un efecto inevitable en la estructura social y ahí radica, finalmente, su relevancia. Además, se plantea por todas partes con modalidades propias en cada país.

El Estado se ha replegado ante el embate de los mercados y aparece como el deudor de última instancia; pero es un deudor colectivo que altera el balance en el entorno privado. El ajuste que se impone para pagar la deuda pública y reducir el déficit fiscal es un criterio contable que no puede esconder la inequidad que provoca entre la población.

Ahí están los elevados niveles de desempleo, los severos recortes en los gastos de educación y salud, y la inviabilidad se sostener los esquemas de pensiones. El ajuste representa un menor gasto en obras de infraestructura y en investigación. Se compromete así el bienestar durante muchos años.

La política, como actividad, como forma de representación social y por su efectividad está contra las cuerdas. La credibilidad es poca y los ciudadanos votan por un cambio que generalmente no se materializa de modo sostenible, sino por espasmos. El grado de descomposición en este terreno es grande.

En Europa se argumenta que Italia, donde el gobierno ha sido nombrado y no elegido y que se jacta de su carácter tecnocrático, representa un cambio bienvenido en cuanto a su capacidad de realizar el ajuste de cuentas y reordenar la administración pública, más allá de la política tradicional.

Pero los acuerdos sociales, formados generalmente al calor de las necesidades políticas de un determinado momento, son difíciles de transformar. El gobierno italiano propone, junto con el ajuste fiscal, modificar pautas de la competencia para impulsar el crecimiento y evitar la trampa de la austeridad.

Las reformas muestran lo viscoso de los llamados intereses especiales. Se trata, por ejemplo, de las licencias de los taxistas; esta corporación se opone a la liberalización pues significa perder una renta. Pero lo mismo ocurre con las farmacias, operadores de gasolineras, abogados, notarios y los mercados del gas, electricidad, las aseguradoras y servicios públicos locales. Queda, por cierto, la enorme concentración en los medios de comunicación por el grupo del ex primer ministro Berlusconi.

En Estados Unidos la campaña para elegir al candidato Republicano para la elección presidencial de noviembre, expone otra serie de cuestiones viscosas. La renuencia a replantear las cargas impositivas muestra que el papel del Estado en el acuerdo social está desdibujado. Los planteamientos libertarios suenan bien, pero son poco operativos cuando se trata de vivir en colectividad. ¿Quién asume los gastos que no son rentables para el sector privado y cómo se proveen los bienes públicos? El ataque a Romney sobre la tasa de impuesto que paga implica cuestionar de frente los ingresos derivados de las ganancias de capital. El dinero público usado para cubrir a las instituciones financieras contrasta con los recortes en los gastos sociales.

El contrato entre los ciudadanos y su gobierno está cuestionado, y los efectos de la crisis ponen este asunto al margen de lo urgente: pagar la deuda pública y bajar el déficit fiscal. No hay garantía de que si tal cosa se consigue, se renueve el crecimiento y se reponga el bienestar social.

En México, estos temas están en el centro de las disputas de los intereses especiales y el carácter del Estado. Luego de muy severos episodios de ajuste desde 1982, hoy la naturaleza de la estabilidad macroeconómica choca con su poca efectividad para sostener el crecimiento del producto, abrir los mercados, detener la informalidad y reducir la pobreza.

Los privilegios adquiridos abundan por todos los sectores. Unos se tratan como conquistas laborales, como ocurre con los maestros y los trabajadores de empresas públicas son insostenibles financieramente e indefendibles socialmente (en el cine exhiben ahora un anuncio del SNTE que es abucheado por el público).

Otros repercuten de modo directo en la falta de competencia, como ocurre notablemente en el sector de las telecomunicaciones y parece insuperable ante la ineficacia de los reguladores en la Cofetel y la Cofemer. Lo mismo ocurre en el sector financiero, cuya participación en el producto es de las más bajas del mundo. La inequidad impositiva existe y la capacidad recaudatoria del Estado es también de las menores del planeta.

La decadencia de la política se advierte en la falta de credibilidad en los partidos, el Congreso, los procesos de procuración de justicia, la provisión de seguridad pública, las autoridades electorales y la mayoría de las instituciones. La democracia como sistema y como proyecto está en vilo.

No es necesario inventar una agenda política para replantear aquí nuevos acuerdos que reduzcan la viscosidad en las relaciones sociales y abran los espacios para una más efectiva capacidad de acción de ciudadanos libres.



*Artículo publicado en La Jornada el 06 de Febrero de 2012