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9/24/2012

LEÓN BENDESKY

La economía de México funciona entre la estabilidad macroeconómica y la debilidad estructural. Ese es un lugar cómodo para quienes diseñan y aplican las políticas fiscal y monetaria. Lo es también para los grandes consorcios y los empresarios que tienen un mayor control del mercado en diversos sectores.

No es tan cómodo para la mayor parte de los trabajadores, cuyos salarios son muy bajos o están cada vez más en la informalidad, que carecen de pensiones suficientes (como reconoce abiertamente el Banco de México) y no disponen de servicios básicos como los de salud y educación en la cantidad y calidad necesarias.

Tampoco lo es para los pequeños y medianos empresarios que operan en condiciones frágiles y con restricciones para acceder al crédito. Por supuesto, no lo es para quienes están permanentemente en situación de pobreza y en el margen de las corrientes económicas.

La estabilidad macroeconómica es la carta de presentación de la política económica de los tres últimos gobiernos, sin distinción entre los partidos que los han encabezado, es más, sin ninguna fisura entre los equipos que han administrado las finanzas del país. Así seguirá siendo.

El objetivo de la gestión monetaria y fiscal es mantener la inflación en niveles bajos, con una meta explícita de 3 por ciento al año y una banda de fluctuación de uno por ciento por abajo y por arriba. Con esa ancla de los precios se deja que el tipo de cambio se vaya ajustando a las condiciones del mercado pero, siempre, con una intervención del banco central.

La preferencia es a la subvaluación del peso frente al dólar para reducir las presiones inflacionarias. Eso no repercute adversamente sobre muchas de las exportaciones que en su inmensa mayoría van a Estados Unidos, pues los precios de ellas están fijadas en dólares o por las empresas transnacionales que producen aquí. Para los demás productores es un obstáculo.

Las tasas de interés se han mantenido así también en niveles reducidos e incluso ofrecen rendimientos negativos a los ahorradores. La parte sustancial del ahorro que se genera es de carácter forzoso y está en las Afore.

Hoy la estabilidad no es tan robusta, la inflación está por encima del nivel máximo previsto por el banco central, en términos anuales es de 4.57 por ciento. Son los precios de los productos que se consideran menos volátiles los que provocan ahora el mayor crecimiento del índice (la parte subyacente), pero todo parece que puede descontarse en las previsiones oficiales que asumen que todo volverá a la normalidad. Mientras tanto, los costos son muy inequitativos para la gente con ingresos bajos y fijos.

Una de las consecuencias de la estabilidad así construida es que la mayor parte de los recursos financieros, sean de origen interno o externo, están colocados en la deuda pública (los bonos y los certificados emitidos por el gobierno). Los bancos, sobre todo los más grandes, tienen una parte sustancial de sus fondos colocados en dicha deuda con lo que obtienen una renta y reducen los riesgos.

Así que la estabilidad financiera como condición primordial del modo de operación de la economía y cimiento de la política pública en materia financiera tiene diversas aristas. Crea un entorno general para la operación del mercado y para la asignación de los recursos disponibles: los materiales, el dinero, el capital y, primordialmente, los del trabajo.

Pero la estabilidad por sí misma no genera el crecimiento de la producción y del empleo, tampoco es suficiente para crear mayor bienestar y equidad en la sociedad. Esto lleva al segundo rasgo del desempeño de esta economía que es la debilidad estructural. En México no se logra superar esa debilidad, que es la que finalmente constriñe la posibilidad de crecer y alentar un mayor desarrollo.

Algunos datos indican la situación: el nivel de la productividad total es muy reducido y está por debajo del promedio del resto de América Latina, del este de Asia y, por supuesto, de China. En la medición del índice de competitividad global México está en lugar 57 de una muestra de 126 países. En la efectividad de las políticas antimonopolio está a la cola, por debajo de Chile, Honduras, Costa Rica y Guatemala.

De acuerdo con la visión oficial, sea de Hacienda o del Banco de México (véanse una serie de presentaciones recientes en las respectivas páginas web), esto se debe en especial a cuestiones como la falta de competencia en los mercados, la rigidez en la asignación de los recursos, la poca flexibilidad en las condiciones de contratación y despido de los trabajadores y el marco institucional que previene la creación de valor.

El caso es que se avanza poco y de modo muy lento en el arreglo de esas restricciones, en hacer más eficiente la economía y generar mejores resultados generales y con mayor y efectiva inclusión social.

La reforma laboral propuesta por el actual gobierno y que el próximo alienta con premura en el Congreso no resiste la carga. Las otras dos patas que se proponen para reducir la debilidad estructural son las reformas fiscal y energética. La inefectividad para avanzar en esos temas es ya larga, la forma en que se haga definirá las fricciones que puedan crear. Es posible que provoquen una mayor concentración del mercado y del ingreso.



Artículo publicado en La Jornada el 24 de Septiembre de 2012.