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2/14/2011

LEÓN BENDESKY

Hay una discusión abierta acerca del estado del sistema financiero en México y su capacidad de movilizar los recursos económicos disponibles mediante el crédito.

Los datos y el entorno mismo indican que el financiamiento al sector privado está restringido, y que el mercado tiende a sesgar la colocación del crédito hacia aquellos usos que no acrecientan la inversión de la mayor parte de las empresas, en especial las más pequeñas y las medianas.

Esto limita igualmente la creación de empresas y las posibilidades de innovación, lo que inhibe buena parte de las fuerzas del crecimiento de la economía y su transformación sobre la base del fortalecimiento del mercado interno.

Las instituciones financieras intermedian los recursos disponibles captando por un lado el ahorro y colocándolo, del otro, como crédito, sea al consumo, la producción y otras actividades, como es la deuda pública.

Para alcanzar niveles más altos de producción y empleo, el crédito se tiene que validar en la forma de una rentabilidad suficiente, no sólo para cubrir su propio costo sino para que las empresas reproduzcan su existencia y, preferentemente, a una escala mayor.

Sería bueno contar con una historia del registro de las empresas que se crean y aquellas que mueren cada año y, de igual modo, considerar explícitamente el impacto que tiene la economía informal en el uso de los recursos.

Hay una historia bastante convulsionada, que se extiende ya por casi 30 años, en los que se modificó de modo sustancial la estructura del sistema financiero en el país, especialmente la de los bancos comerciales: nacionalización, vuelta a la privatización y la venta de la mayor parte a los bancos extranjeros.

Esa historia abarca también al mercado de capitales, que es pequeño para el tamaño de la economía y está sumamente concentrado, a los fondos de inversión y los sistemas de pensiones. Hoy no puede decirse aún que lo que se llama la arquitectura del sistema financiero de México esté bien armada.

La operación del mercado financiero en conjunto padece una serie de distorsiones que deben enmarcar cualquier planteamiento que se haga sobre los términos de la eficiencia general y particular del uso de los recursos.

En un marco en el que la política económica se diseña y se aplica bajo los criterios más convencionales –y por cierto ya muy cuestionados– del libre funcionamiento de los mercados, éste es un asunto de carácter prioritario.

Un primer rasgo de la arquitectura de este sistema es que está dividida en todos los segmentos definidos por los distintos mercados, prácticamente en una proporción de 80 a 20. La primera corresponde a las instituciones extranjeras y la segunda a las de capital mexicano (excluyendo el caso de Banorte).

Esta es una consideración eminentemente práctica. Esa proporción (o desproporción, como se quiera ver) repercute en la asignación de los recursos y, más aún, en su disposición conforme a los criterios globales de operación de las instituciones extranjeras. Esta economía es para algunas de ellas un punto clave en su rentabilidad global, pero no así en el uso de las ganancias que se obtienen.

El mercado financiero mexicano se ha ido reconformando de manera significativa. En el segmento bancario predominan, como ocurre de manera usual, los bancos con cobertura nacional y hay otros que abarcan espacios regionales. Han surgido otros segmentos relevantes como el de las finanzas populares, que está en proceso de formación y de asentamiento pero que tiene una base creciente de clientes.

Los legisladores, que son los que en última instancia regulan el sistema financiero, y también las diversas entidades que lo supervisan, en especial la CNBV, deben tomar en cuenta este nuevo ordenamiento y encaminarlo a una mejor distribución de los fondos disponibles para la inversión.

Se trata, como ocurre en los mercados, de los ajustes dinámicos entre los precios y las cantidades. Una mayor competencia en todos los segmentos y una regulación compatible con los distintos esquemas de las instituciones financieras es hoy una exigencia.

Así mismo, la consideración puntual y responsable de las medidas que se aplican para incidir en el funcionamiento de los mercados, como es el control de las tasas de interés o la renovada participación de la banca de desarrollo, es necesaria para rehacer una arquitectura más eficaz y productiva, y en la que se tienda a una reducción de los costos para los usuarios.

En México el sistema de financiamiento no retribuye de manera suficiente al ahorrador, las tasas de rendimiento que se ofrecen están por debajo de la inflación, especialmente para la población de menores ingresos. Por otro lado, los mecanismos de inversión para aquellos que quisieran colocar sus excedentes fuera del mercado convencional son muy limitadas.

Los fondos para colocar directamente en nuevos proyectos de inversión están poco desarrollados, como ocurre, por ejemplo, con el capital semilla.

Para los empresarios potenciales que quieren iniciar un negocio, la oferta de crédito es prácticamente nula. Destrabar esta situación puede ser el comienzo de una interesante modalidad de la reforma financiera.



*Artículo publicado en La Jornada el 14 de Febrero de 2011