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12/12/2011

LEÓN BENDESKY

En Europa se expresa hoy la complejidad de los acuerdos políticos para hacer funcionales las necesidades de la globalización económica y las exigencias de los mercados a los Estados. La dificultad para establecer un armazón institucional ha sido clara a partir de los efectos de la crisis financiera de 2008, que imponen un replanteamiento del mecanismo de integración que se estableció con la unión monetaria en torno del euro.

En la reunión del fin de semana pasado se creó un nuevo esquema que, según un comunicado oficial de la Unión Europea, significa un compromiso por una nueva y estricta regla fiscal. Esta deberá ser incorporada en las constituciones o documentos equivalentes de los países miembros, y significa reforzar las normas acerca de los déficit públicos excesivos para que haya ajustes automáticos de control. Los Estados miembros deberán entregar sus proyectos de presupuesto a la Comisión Europa.

El acuerdo alcanzado es de naturaleza intergubernamental y se sale del ámbito de la negociación política al que había llegado la Unión Europea y el grupo de la eurozona. Pero lo que es relevante es la necesidad constante de llegar a ciertos pactos institucionales para que las reglas económicas puedan cumplirse.

La institucionalidad de las sociedades de mercado se ha ido modificando con el avance de la globalización y tiene una vertiente interna y otra externa. En muchos casos la organización de dichas instituciones va retrasada con respecto a los modos de operación de los mercados.

En el caso de las relaciones monetarias y las transacciones financieras se han visto las disputas en los últimos tres años, sobre todo en Estados Unidos y Europa. Pero no es el único terreno en el que se advierten las fricciones a escala global. Estas ocurren, por ejemplo, en el campo de los mercados de trabajo y en el de los intercambios comerciales. Igualmente, se advierten en asuntos como el medio ambiente y el fracaso de la reunión de Durban.

Un aspecto interesante de esta dinámica entre los mercados y las instituciones que los soportan es que las segundas van a la zaga, responden y reaccionan a las demandas de los usos del capital y no la inversa. Surgen contradicciones que requieren acciones para superarlas y crean nuevas tensiones. En el actual entorno no hay acuerdos con un grado suficiente de consistencia política para reducir las presiones que se expresan en fuertes ajustes económicos y distorsiones en el uso de los recursos.

El pacto fiscal al que se llegó en Europa muestra esta situación. Consta de dos partes: la primera es un compromiso fiscal con una mayor coordinación de las políticas económicas; la segunda es el desarrollo de herramientas de estabilización para enfrentar las exigencias de corto plazo de la crisis financiera.

La disyuntiva de los acuerdos muestra el problema de cómo se conciben el corto y el largo plazo en la economía y la política. Cuál es, entonces, la relación entre las medidas de estabilidad y los compromisos fiscales aceptados por los países miembros. La estabilidad se enfrenta con la aportación de recursos por los gobiernos para ser usados por el Banco Central Europeo y el FMI para reducir la presión del costo de la deuda pública, en un marco de severo ajuste económico. El pacto fiscal responde a la estructura productiva, financiera y social de cada nación. No son estrictamente comparables y, menos aún, coincidentes.

La secuencia establecida en el discurso político es diferente de aquella que resulte en la operación de los mercados de dinero, capital y trabajo. Este es el proceso que debe administrarse en el plazo más largo y en un entorno en el que la incertidumbre no se ha reducido aún de manera suficiente. No debe perderse de vista que la vulnerabilidad de muchos bancos en la zona del euro es muy grande. La posposición del crecimiento del producto y el empleo es una de las cuestiones más apremiantes en el ambiente creado por los nuevos acuerdos.

Para los ciudadanos europeos el corto plazo está marcado por los ajustes que reducen los servicios públicos y afectan a las pensiones, por las condiciones de endeudamiento de los hogares y las menores oportunidades de trabajo. Lo demás es mucho más indefinido en cuanto a sus repercusiones y, mientras éstas más se extienden en el tiempo, más se aproxima el límite en el que Keynes lo fijó en términos económicos muy pragmáticos: en el largo plazo todos estamos muertos.

Hay un elemento intergeneracional que define la articulación de las políticas de estabilización y ajuste que se adoptan hoy en Europa. No puede eludirse ese elemento digamos existencial de la vida económica y su relación con la inconstancia de los periodos de prosperidad y adversidad, como los de los últimos 10 años en los países más ricos. En los países menos desarrollados el impacto vital es mayor. Los políticos, que son efímeros y raramente rinden cuentas de los efectos de sus decisiones en el tiempo, tienen entonces una responsabilidad. Los ciudadanos también.



*Artículo publicado en La Jornada el 12 de Diciembre de 2011