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12/24/2012

LEÓN BENDESKY

A finales de año es usual hacer un inventario y planear, conforme a los recursos que se tienen y con los que se espera contar, qué hacer en adelante. Esto es una de las bases del ejercicio presupuestal que hace un gobierno. Y es eso, precisamente, un ejercicio, pues los planes sean personales o a escala nacional están siempre enmarcados en la incertidumbre.

El presupuesto público, como el que se acaba de aprobar en el Congreso es la expresión financiera de los criterios políticos con los que se propone gobernar. Es una declaración legal de un compromiso ejecutivo. Es parte de la separación de poderes, con todas los recovecos políticos que esto entraña.

Hay, por supuesto, elementos prácticos para fijar las pautas del presupuesto, es decir, cuánto se espera que entre y salga de las arcas públicas. La fuente y el uso de los recursos es el marco técnico para establecer las posibilidades financieras, la asignación de los recursos y las repercusiones esperadas en las capacidades productivas, la generación de empleos y las condiciones generales y, también, específicas del bienestar de la población.

Uno de los criterios que prevalece en la gestión de las finanzas públicas y que retoma la política hacendaria actual es mantener un balance presupuestal en equilibrio (según el término oficial) y muy bajo con respecto al producto que se espera generar, de preferencia, en cero.

Esto no significa que las finanzas públicas no incurran en un déficit, sino que la medida llamada como déficit primario no lo considera. Algunas partes pueden ser contingentes y, otras, de plano no se consideran de manera explícita.

Hablar de finanzas públicas sanas tiende a ser, entonces, un tanto vago o impreciso. Esto es así no únicamente si se considera un periodo corto como puede ser el de un año, sino sobre todo, si se toman en cuenta las condiciones de la estructura fiscal y financiera de la sociedad en el mediano plazo. Un horizonte fiscal de largo plazo es más complicado no solo por la mentada incertidumbre, sino por la misma dinámica social. La situación en torno al precipicio fiscal en Estados Unidos es una buena referencia.

Las finanzas públicas tienen una estructura interna asociada con las condiciones del crecimiento productivo, de la generación de ingresos para las familias y de la riqueza sobre la que se asientan las posibilidades de la acumulación.

Estas no son tan solo cifras estáticas, sino que están relacionadas con los patrones de la distribución y las formas de acceso a los recursos. El déficit puede ser cero en términos presupuestales y no provocar un crecimiento sostenido y suficiente del producto, ni mejorar las condiciones de vida o reducir la desigualdad.

A la par del equilibrio presupuestal que rige la pauta de la política económica y que se plasma en el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, está la mancuerna de la política monetaria. Ahí el criterio prominente es mantener el control de la inflación a partir de un nivel preestablecido de 3 por ciento anual y con bandas de fluctuación de 1 y menos 1 puntos porcentuales. La fluctuación es siempre hacia arriba de dicha meta y mina, así, el valor real de los ingresos, sobre todo, los que son fijos.

La estabilidad macroeconómica es el objetivo clave de la política económica. Es un criterio agregado que no elimina las condiciones de tipo particular de grupos distintos de la población o sectores productivos, o bien, diversos mercados o segmentos de los mismos. En México el criterio de la estabilidad agregada que marca a la política económica no ha sido una condición suficiente, aunque en principio se entienda que pueda ser necesaria, para generar un mayor crecimiento económico y bienestar social.

El balance presupuestal en equilibrio no alcanza para plantear una política fiscal y monetaria que cumpla los objetivos declarados de la política pública: generar un mayor crecimiento económico, más empleo y mayor bienestar y hasta equidad.

Tampoco alcanza para provocar arreglos políticos con respecto a las fuentes, las más visibles aunque no únicas del déficit encubierto o si se prefiere, de tipo contingente. La dinámica demográfica enmarca un problema financiero muy grade en el campo de las pensiones de los gobiernos estatales y las universidades públicas.

Es, también, un componente de relevancia en la conformación de la informalidad como rasgo característico del mercado laboral en el país y que tiene una carga significativa en los presupuestos de gasto social. Hay una relación entre la informalidad y programas de alto costo y eficiencia baja como es el seguro popular, muy distintos a un sistema de cotización como el seguro social.

Otros asunto que será cada vez más visible es el aumento de la deuda de los estados y municipios. Esta corresponde a la bursatilización de los flujos de ingresos esperados, sea por el cobro de impuestos y contribuciones o de transferencias de fondos federales. La duda sobre la deuda así colocada –en caso de volverse impagable, como puede serlo en varios casos– es si tendrá o no un respaldo federal. En caso de que así sea, se cargará otra vez al saldo de la deuda pública. Y el presupuesto primario puede seguir en equilibrio y ser cero o hasta positivo.



*Artículo publicado en La Jornada el 24 de Diciembre de 2012.