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9/19/2016

LEÓN BENDESKY

En el presupuesto federal para 2017, que presentó recientemente el gobierno al Congreso, hay un gran agujero, se trata de la gente. Toda la aproximación al ejercicio presupuestal está enmarcado en cuestiones técnicas relativas al déficit, la necesidad de restructurarlo para reducir el nivel de la deuda con respecto al PIB, a partir de conseguir un superávit primario (antes del pago de los intereses de la deuda) y, así, sostener lo que ahora es una precaria estabilidad macroeconómica.

Que el asunto sea técnico no puede sorprender; es un aspecto natural del diseño y la implementación de la política fiscal. Pero no es el único, detrás de todo esto hay personas con necesidades distintas y con capacidades muy desiguales para satisfacerlas.

Ese es, precisamente, el agujero del presupuesto. Está secuestrado por los elementos técnicos que complacen a sectores muy claramente definidos de la sociedad y relegan las consideraciones que deben ser explícitas sobre el estado en el que vive la mayor parte de la población del país.

Ampararse de modo predominante en la técnica, la contabilidad y la partida doble es una deficiencia de la política pública y de la política a secas, pues arrinconan al mero discurso, lejano y carente efectivamente de contenido, el problema de la endeble situación social del país.

El presupuesto consigue, eso sí, situar la discusión en el ámbito de las altas finanzas, en el que los personajes estelares son los bancos, las empresas calificadoras de la deuda y las cúpulas de la representación empresarial. Son actores relevantes, pero no son los únicos. Los demás son sólo los extras en el guión de las finanzas públicas.

Bancomer destaca en su análisis del proyecto de Hacienda que: Por primera vez desde 2008 se presupuesta un superávit primario. Añade: “Resulta fundamental que el Congreso busque una mayor reducción del gasto que facilite la estabilización de la deuda en 2017. De hecho… llama la atención que … sea menor a la estimada en abril. Claramente, el margen de mejora en las discusiones en el Congreso está en los esfuerzos de reducción del gasto”.

Banamex afirma: “Ya que varios rubros presupuestales están creciendo a tasas elevadas (pensiones, participaciones, costo financiero, etc.), los ajustes de gasto recaen más en los presupuestos de las secretarías de Estado y en la inversión… Algunos ejemplos son: …Educación (-10.6%), Salud (-10.8%), Gobernación (-16.6%), SCT (-28.5%), Agricultura (29.1%), Semarnat (-37.6%). El gasto de inversión se reduce en 26.9% en términos reales”.

Standard & Poor’s se queja del presupuesto: Es filosóficamente similar en orientación a lo visto en años anteriores, no hay nada sorprendente en el presupuesto. Está en línea con la tradición de la Secretaría de Hacienda.

Para Moody’s: los ingresos mayores a los esperados que trajo la reforma fiscal aprobada en 2013 han ayudado a compensar la disminución de los ingresos petroleros. Pero si los ingresos fiscales no se mantienen, el gobierno podría incumplir sus objetivos.

El Consejo Coordinador Empresarial señaló: En general, (el) planteamiento fiscal para el próximo año es realista, congruente con el escenario económico nacional e internacional, y en la dirección correcta en cuanto a la necesidad prioritaria de ajustar el presupuesto, a fin de establecer equilibrios en las variables claves y generar confianza en los agentes económicos.

Todos apuntan a la necesidad de sostener la estabilidad macroeconómica mediante el recorte del gasto y el aumento de los ingresos del gobierno. Los recortes son muy grandes y su impacto social será muy fuerte. Este es el asunto faltante y no debe marginarse de modo tan crudo y conveniente para quienes gobiernan y dominan el entorno financiero del país.

En torno a estas cuestiones debería explicarse el sentido mismo de la estabilidad que quiere preservarse con el presupuesto para 2017. La estabilidad financiera no ha provocado durante muchos años una expansión del crecimiento económico más allá del techo de 2.4 por ciento en promedio anual. La estabilidad está desbordada en términos fiscales, monetarios y del tipo de cambio.

Las reformas no han contribuido a modificar el escenario general de la economía y de las condiciones sociales. El único efecto contundente es la quiebra de Pemex, la caída en la producción de crudo y la incapacidad de la empresa de operar en el nuevo escenario de la industria.

Hay quienes señalan que el problema del presupuesto es que los recortes significan la pérdida de prebendas para quienes se allegan de las partidas del gasto. Esto es cierto, sobre todo en un entorno corporativo construido para sacar ventajas políticas y que ya no puede sostenerse. Otra vez, el caso de Pemex es ilustrativo.

Pero hay más en el asunto del presupuesto y es su total incapacidad de pensar en el país más allá de las restricciones de corto plazo. Menos gasto para la educación y la salud, para la infraestructura y la conservación de medio ambiente es lo que representa la verdadera crisis de este presupuesto. Esto significa, dicho de modo más directo, la crisis política en la que estamos sumergidos.

Un presupuesto, sin que se hable a voz en cuello de las condiciones de vida de la gente, es un ejercicio sin horizonte.



*Artículo publicado en La Jornada el 19 de septiembre de 2016.