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7/20/2015

LEÓN BENDESKY

No ha habido fuerza capaz de sacar a la economía de la inercia de lento crecimiento en la que se instaló desde hace tres décadas. Todos los datos acerca de la dinámica de la producción, el empleo, los ingresos y el financiamiento así lo muestran. Las reformas que se hicieron en los primeros dos años de este gobierno pretenden alterar esta situación, pero hasta ahora con resultados muy pobres, a lo que se suma el hecho de que las bases de un cambio significativo no se advierten como una meta asequible.

Partamos de las condiciones de la ronda uno de los procesos de licitación de los contratos petroleros, que estuvieron muy por debajo de las expectativas del gobierno. Las razones son muy diversas y las interpretaciones del proceso también. En septiembre habrá una segunda ronda.

Una de las cuestiones relevantes de la reforma energética, especialmente en el caso del petróleo, es que de ella debe derivarse una modificación significativa de las fuentes de financiamiento del gobierno. Los ingresos públicos dependen en alrededor de una tercera parte de las transferencias de Pemex.

La entrada de inversión privada en el sector debe generar fuentes de ingresos que suplan las necesidades de financiamiento público. Pemex está cada vez más maltrecho y es incapaz incluso de participar como socio en los nuevos contratos. Hay que reconocer que mantener la estructura anterior era imposible. Se acabó la veta de riqueza y con ella la renta que permitió tantos excesos e ineficiencia. Hacienda estimaba a principios de año que se transitaría a un tipo más normal de dividendos, similar a lo que paga una empresa a sus dueños. Pero México no es Noruega.

Cumplir con este objetivo es incierto y menos luego de la ronda uno. Esto tiene que ver con el entorno del mercado petrolero mundial y con las pautas establecidas para licitar los contratos. En adelante los gestores de la reforma habrán de adecuar la estrategia tanto para armar la política del sector energético, como para amarrar la política fiscal. Los ingresos planeados pueden estar muy por debajo de lo previsto.

La reforma hacendaria tuvo un impacto inmediato en el aumento de la recaudación, tanto por el incremento del IVA, del ISR y de otros impuestos. Pero tuvo efectos colaterales en la caída del gasto de consumo y no alentó el gasto en inversión. Por el lado del fisco el mismo gobierno ha planteado que no habría más aumento de los impuestos. Ahora es la política social la que va a entrar en terapia intensiva, como indica la situación en el sector de la salud.

El crecimiento de la producción no repunta y tampoco la generación de empleos. Los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2014 indican que el ingreso corriente total promedio trimestral por hogar se redujo 3.5 por ciento con respecto a 2012. Los efectos más adversos se dan en el segmento de lo que de modo laxo puede considerarse como la clase media. Esto apunta a la falta de empuje por el lado de la demanda interna para propiciar una recuperación sostenida de la actividad económica.

Los ajustes presupuestales que ha propuesto el gobierno expresan estas condiciones. El gasto corriente sigue siendo una carga para la eficacia fiscal y habrá un efecto adicional en el apocamiento de la producción. El mayor endeudamiento público es una alternativa que tiende a provocar mayores distorsiones en el mercado financiero, sobre todo si esos recursos no se utilizan para incrementar la inversión y provocar más gasto privado.

Este asunto se engarza con las premisas de la estabilidad macroeconómica que conciernen al banco central. Las condiciones globales adversas en el campo del dinero se transmiten rápidamente y con consecuencias relevantes. Esto se advierte en el tipo de cambio del peso frente al dólar. La crisis griega y la cada vez más cercana alza de las tasas de interés en Estados Unidos han llevado a otra depreciación que muestra la fragilidad del entramado monetario interno. El embate contra el peso seguirá en la medida en que el conflicto en la zona euro persista y las decisiones de la Reserva Federal se materialicen.

La depreciación del peso tenderá a trasladarse de su relación externa hacia el interior por la vía de la inflación y, también, por el alza de las tasas de interés que tendrá que aplicar el Banco de México. Este no es un escenario propicio para la recuperación del mercado interno.

La pérdida de valor del dinero afecta a todos los agentes económicos con las consabidas diferencias que son muy grandes por supuesto, ya que las tenencias en dólares se revalúan. Este es un aspecto más de las distorsiones en la capacidad de generar más producto, condición indispensable para regenerar las pautas del crecimiento, de la capacidad de consumo y abatir la merma del bienestar social.

Este es un punto de inflexión en la economía que exige un replanteamiento de la política económica para contener los efectos de la debilidad interna y de los choques que provienen del exterior. En el país se ha asentado una actitud de rechazo y contraposición a las acciones del gobierno que tienen, efectivamente, un asidero. Esto es una consecuencia añadida del estancamiento crónico de la producción. Sin la recreación de una expectativa razonablemente positiva de mejoramiento económico y social, las medidas de política pública no serán efectivas y la crispación política será mayor.



*Artículo publicado en La Jornada el 20 de Julio de 2015.