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11/18/2013

LEÓN BENDESKY

Las políticas públicas se instrumentan con el fin declarado de hacer crecer la economía. Este es el objetivo del conjunto de las reformas empujadas por el gobierno y el Congreso en lo que va del año. Crecer la economía como concepto y como meta de la acción gubernamental puede arroparse en varias metáforas.

Una de ellas que ha sido muy común desde la segunda mitad del siglo pasado es la de una máquina. Así, las medidas fiscales (ingresos y gastos públicos) y monetarias (estabilidad de precios y financiamiento a la producción y el consumo) serían como una especie de bomba que alimenta dicha máquina, la que a su vez genera la energía y la fuerza para que crezcan el producto y el empleo. Hay algunos sectores de la actividad productiva que se conciben incluso como motores o locomotoras del crecimiento, como pueden ser la construcción, las exportaciones o la explotación de recursos naturales como el petróleo o el cobre, o lo que se tenga disponible.

Otra forma de ver el proceso de crecer puede asociarse con una visión de tipo orgánico, o incluso sistémico, en el que las fuerzas mismas del mercado y mediante el mecanismo de los precios basados en la competencia –la mano invisible que guía al laissez-faire (el dejar hacer de los liberales del siglo XVIII)– asignan los recursos del modo más eficiente para que crezca el producto.

En ambos casos la noción de crecer la economía se asocia con alguna forma de control, es decir, por hacer o dejar de hacer algo, lo que puede significar una acción determinada del gobierno o la inacción, y considera a los agentes públicos y privados. En esos extremos se diseña y se aplica la política económica.

Ambos entornos o modos de organización que, por cierto, suelen combinarse de maneras diversas, ciertamente, son por sí mismas ineficaces para provocar un crecimiento sostenido y, sobre todo, niveles crecientes de bienestar mediante la distribución del producto y la riqueza que se genera. Las reformas anunciadas en China apenas hace unos días muestran una ablandamiento del dominio ejercido por el Estado sobre la sociedad: cuántos hijos tener, dónde se puede vivir, qué se puede hacer para trabajar y cómo se utilizan los recursos privados.

En este marco pueden incrustarse las opciones de la política pública que está adoptando activamente aquí el gobierno, y que se expresa en el abultado paquete de reformas que se promueven. Se está tomado una decisión relevante acerca de cómo operar un gobierno más activo y grande, en cuanto a la captación de los recursos de la sociedad, incluso con mayor endeudamiento, y su destino en términos de la inversión, gasto social, subsidios y aportaciones a programas de pensiones y seguro de desempleo.

Esta opción tiende necesariamente a redefinir el espacio del gasto privado. Son, pues, medios para reformular la gestión social en su conjunto y por ello no puede sacarse de una referencia práctica e histórica de lo que es el Estado mexicano y los gobiernos que lo representan. No está demás la pregunta de para quién tienen más sentido estas reformas y esta no es una cuestión retórica.

Cuando menos en el primer año el gobierno no pudo hacer crecer la economía, ni siquiera mantener el ritmo inercial que traía. Los debates acerca de si esto fue parte de una estrategia o fue un error o, incluso incapacidad, son en cierta forma irrelevantes y desvían la atención del análisis de las reformas ya aprobadas y las que faltan.

Cualquier repunte del crecimiento de la economía el año entrante partirá de una base muy reducida por la caída registrada este año. Las estadísticas hay que leerlas con un mínimo de sentido común. La medida del crecimiento contiene un complejo armazón de relaciones productivas, financieras y, finalmente, sociales.

Al respecto existe una discusión en Chile y en el marco de las elecciones para la presidencia. Se trata de ubicar el modo dinámico en que se generan las pautas del crecimiento. Crecer la economía puede hacerse cuando los bienes y servicios se monetizan por medio de los precios en el sector privado o del presupuesto público, con las transferencias de recursos de unos grupos a otros. Esto ocurre con la salud o la educación, pues sea de una u otra manera cuestan y esto limita el acceso y la calidad de lo que se recibe. En Chile la economía se ha hecho crecer, pero persiste una desigualdad en la que se calcula que más de dos terceras partes de la población recibe un ingreso mensual del orden de 525 dólares (7 mil 220 pesos mexicanos).

Crecer la economía no necesariamente provoca el surgimiento de actividades productivas para la mayoría de la población, tampoco hace que un amplio segmento de quienes están ocupados y trabajan lo hagan de manera formal. El gobierno parece asimilar de modo demasiado directo los efectos que prevé de las reformas con un mayor bienestar. También supone que tendrá un acceso a recursos por la vía de los impuestos para financiar su creciente participación en la producción y la distribución.



*Artículo publicado en La Jornada el 18 de Noviembre de 2013