Ver más artículos  

6/29/2015

LEÓN BENDESKY

Seguir el dinero suele ser una buena aproximación para tratar las consecuencias de los procesos económicos y su entramado político. Entre 2010 y 2014 los fondos del rescate para enfrentar la crisis económica de Grecia sumaron 254.4 mil millones de euros. De ellos, 40 se usaron para pagar intereses, 81 para cubrir los vencimientos de la deuda, 46 para reducir el monto del endeudamiento, más de 48 para recapitalizar a los bancos comerciales, 27 para la operación del gobierno y 9 para pagar al FMI.

El destino de esos fondos, incluso de haberse ocupado para los fines indicados, fue claramente infructuoso. En lo que va del año es manifiesta la crisis de la economía griega junto con el altísimo deterioro de las condiciones de vida en esa sociedad. El gobierno recientemente electo se ha colocado en un conflicto frontal con los acreedores, principalmente los otros países de la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo y el FMI. Este enfrentamiento ha tenido como marco de referencia las condiciones de un nuevo paquete de salvamento conforme a los criterios convencionales que privan en este tipo de negociaciones.

De acuerdo con el Reloj de la Deuda según se mide siguiendo las normas del Tratado de Maastricht, la deuda pública en Grecia es del orden de 317 mil millones de euros, que equivalen a 175 por ciento del PIB. Esta cifra es muy elevada en relación al nivel de la riqueza de ese país, lo que la convierte materialmente en impagable.

El primer ministro Tsipras declaró antes de ganar la elecciones a principios de año que haber concedido el rescate de 2010 en las condiciones financieras que ya prevalecían entonces había sido una irresponsabilidad de la Unión Europea (UE) y, ciertamente, también del gobierno griego en turno. Según su planteamiento eso no podía ayudar a superar la situación social provocada por la crisis y, tampoco, prevenir la expansión sin medida de la deuda pública.

Ambas cuestiones son ya un hecho y en eso se ha basado la negociación entablada durante meses entre el gobierno de Syriza y el resto de la UE en los últimos seis meses.

La deuda griega ha cambiado en sus condiciones. El costo del servicio (los intereses) está por debajo de las tasas del mercado y los plazos de pago se han extendido; se estima que hoy equivalen a 2.6 por ciento del PIB. Además, no debe pagar el principal (el capital) de los fondos de estabilización financiera de la UE hasta 2022. Pero el problema está en otra parte: en las condiciones del rescate antes del fin de mes para evitar el incumplimiento. Syriza lo ha presentado como inaceptable y los acreedores no ceden casi nada.

El rescate requiere que Grecia alcance un superávit primario (antes del pago de impuestos) equivalente a 4.5 por ciento del PIB a partir de 2016 y se amolde a los requisitos fiscales impuestos por la UE para la reducción del endeudamiento público, cosa que en este caso es incumplible por el monto de la deuda. Lo que Tsipras arguye es que estas cargas del rescate son excesivas por el deterioro de las condiciones de vida de amplios grupos de la población, como son los empleados y los pensionistas, además de las necesidades de los servicios públicos.

Tres cuartas partes de la deuda griega está en manos de los gobiernos de la UE y del FMI, una décima parte son bonos en posesión del Banco Central Europeo, 12 por ciento la tienen inversionistas privados, el resto son otro tipo de deudas. Los bancos comerciales han bajado su exposición y riesgo directo en Grecia, pero los gobiernos se resisten a borrar la deuda por el impacto en sus déficit y en el conjunto del sistema financiero.

El efecto de un incumplimiento de la deuda griega provocaría una gran inestabilidad en los mercados de dinero y capitales y en la estructura del endeudamiento sobre todo, pero no únicamente en Europa y el zona del euro. Además, dejaría abierta la puerta para una serie de consecuencias políticas muy sensibles para la continuación del esquema actual de integración en esa región. Los países que aún tienen elevados niveles de endeudamiento público y que imponen fuertes ajustes en las cuentas fiscales y en los servicios públicos quedarían expuestos ante una ventaja admitida para Grecia, que está prácticamente en quiebra. Ese es el caso de Portugal, España e Irlanda, e incluso Francia e Italia.

La gestión de la crisis griega ha sido errática y hasta cierto punto convenenciera para los acreedores que no han ganado tiempo sino que han llevado el juego hasta el límite. Eso lo entendió Tsipras y ha movido sus fichas. El tablero se está agotando.

Y queda para una discusión técnica y, sobre todo, política el asunto de la deuda y los extremos a los que se ha llevado. Desde 2008 este es el asunto esencial de la economía de mercado, ya sea en el campo privado (las hipotecas) o en el terreno de lo público (los ajustes sin fin). La deuda griega, como otras, se contrató por un gobierno legítimo con bancos privados y otros gobiernos. La democracia queda así exhibida con bastante rubor. Y ahora la democracia en otra versión griega la enfrenta. El hecho pone de manifiesto las enormes contradicciones que esto entraña. La UE trata, sin conseguirlo, de establecer las pautas para la reproducción del capital en condiciones de deudas incobrables y sociedades exprimidas. ¡Follow the money!



*Artículo publicado en La Jornada el 29 de junio de 2015.