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4/18/2016

LEÓN BENDESKY

Abril no ha sido un mes calmo en México. Ha sido más bien muy inquietante y en un entorno que durante muchos meses ha sido de alarma. Esto ocurre en muy diversos ámbitos y exige una honda reflexión.

Pemex ha pasado rápidamente de ser durante muchas décadas la caja grande del gobierno a ser un agujero negro de las finanzas públicas. Hasta una tercera parte de los ingresos gubernamentales eran provistos por la petrolera, lo que definía en buena medida la política fiscal y el uso de los recursos públicos.

La situación financiera se ha degradado profundamente, la capacidad productiva ha menguado junto con los recursos para aumentar la inversión. Además, los arreglos internos, muy conocidos pero nunca resueltos, se han hecho inviables para la sobrevivencia misma de la empresa, y siguen sin eliminarse. Hay demasiados intereses creados y muy asentados.

La severa caída de los precios del crudo aceleraron la crisis y la reforma energética, junto con la conversión de Pemex en una empresa productiva del Estado, requiere de la asignación de grandes recursos para sostenerla, en tanto se recorta el gasto para otros fines. La figura misma de empresa productiva estatal es hoy poco clara y se argumenta que los fondos asignados recientemente serán insuficientes para sanearla.

En esta frágil condición Pemex tendrá que enfrentar la apertura a la competencia externa. Pero, además, se trata del planteamiento claro y operativo de una política energética integral para el país, en un entorno tecnológico y financiero que está transformándose de modo muy rápido.

Las grandes empresas petroleras y de generación de electricidad, así como las de energías renovables se adaptan ya a las nuevas condiciones mientras Pemex y la CFE languidecen. La fragilidad de las empresas estatales del país es clave para el reacomodo que ya está en curso. Este asunto de política pública es definitorio para este gobierno.

El banco central transfirió al gobierno una parte del remanente de operación registrado en 2015 (provienen de la revaluación en pesos de las reservas internacionales por la depreciación del peso frente al dólar). Se trata de 239 mil millones de pesos que se destinan en su mayor parte a reducir la deuda pública, incluida la de Pemex.

La utilización de este remanente equivale a una creación de dinero por el banco central y a un financiamiento al gobierno, lo que puede estar en contradicción con las premisas de la independencia de esa entidad, según se estableció hace ya más de 20 años. Un aspecto de tal independencia es que el banco no financiará al gobierno. La pregunta que queda pendiente es qué ocurrirá en caso de que el remanente sea negativo y si se contraería entonces la cantidad de dinero en la economía.

A principio de mes se designó un nuevo embajador en Estados Unidos. El anterior, que estuvo apenas escasos siete meses y que brilló por su ausencia, fue nombrado luego de que el puesto había quedado sin cubrir durante medio año tras la designación del titular a la Suprema Corte de Justicia.

Nadie ignora que la relación con ese país es crucial para México y la política exterior debe centrarse en ella con un permanente trabajo diplomático de primer nivel. La situación en esa embajada exhibe una política exterior errática y sin claras definiciones y que exige un alto trabajo profesional y político.

Se trata asuntos de mucha relevancia como son: la migración, los derechos y la seguridad de los ciudadanos mexicanos que están allá, de la situación en la frontera, de un intenso intercambio comercial y financiero de tipo legal e ilegal, del flujo de remesas, de la corriente de armas y mucho más, hasta de los señalamientos que con respecto a todo esto se hacen ahora en las campañas políticas para las elecciones del próximo noviembre.

Se trata igualmente de establecer una política exterior con criterios claros del papel, las alianzas y el trabajo diplomático en el marco de una debilidad económica global crónica y de crecientes conflictos sociales.

En septiembre de 2014 ocurrieron los asesinatos y la desaparición de jóvenes en Ayotzinapa. Un año y medio después, el caso no solo sigue sin aclararse, sino que se complica cada vez más mientras surgen informaciones adicionales y algunas evidencias muy sensibles sobre lo que ahí ocurrió.

Los expertos internacionales difieren mucho en sus pesquisas de las explicaciones oficiales y ahora serán incluso retirados del país. Los familiares de las víctimas continúan demandado que se aclaren los hechos.

A ese caso emblemático, que se le aparece una y otra vez como el Dybuk, han seguido una serie de hechos violentos en diversas partes y que exponen el alto grado de inseguridad pública y de impunidad que prevalecen. Hay que resistir pues ya se ha dicho que lo más escandaloso del escándalo es que uno se acostumbra.



*Artículo publicado en La Jornada el 18 de Abril de 2016.