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7/14/2014

LEÓN BENDESKY

Uno de los casos más sonados de la acción de un gobierno en contra de los monopolios, o del poder excesivo de una empresa en un sector de la economía, es el de la Standard Oil, de John D. Rockefeller.

El primer embate ocurrió en 1892. La corte del estado de Ohio obligó a disolver las acciones de la compañía y transferirlas a 20 empresas diferentes. El control de éstas quedaba en los mismos dueños, aunque la Standard oficialmente ya no tenía el control. En 1899 el estado de New Jersey permitió la creación de empresas tenedoras (holdings o compañías que tienen acciones de otras compañías). La Standard aprovechó la situación y se estableció como una tenedora que tenía participación en 41 empresas diferentes. Por entonces, Rockefeller afirmaba que así ganaba más dinero.

En esa época, al final del siglo 19, en Estados Unidos el movimiento político denominado como Progresivismo promovía la reforma política, la justicia social, el mejoramiento de las condiciones laborales, la protección del consumidor y el control y la regulación de las grandes empresas. Esta última cuestión constituyó una relevante bandera política de Theodore Roosevelt, sobre todo tras ser electo presidente en 1904. Uno de sus objetivos principales fue la Standard Oil que se había convertido en una corporación cada vez más grande y poderosa.

En 1906 Roosevelt aplicó la Ley Sherman antimonopolios a la Standard Oil por conspirar para manipular el mercado. En 1909 la corte federal ordenó que la compañía se disolviera y en 1911, luego de las apelaciones legales correspondientes, se dio un plazo de seis meses para concluir dicha orden.

Entonces la Standard refinaba más de 75 por ciento de todo el crudo producido en el país, transportaba más de 80 por ciento del petróleo producido en Pennsylvania, Ohio e Indiana (tenía incluso 78 barcos de vapor y otros navíos), era propietaria de la mitad de los carros tanque, comercializaba 80 por ciento de todo el queroseno consumido internamente y del que se exportaba y vendía a los ferrocarriles más de 90 por ciento del aceite para lubricación que usaba.

En ese mismo año la Standard Oil se dividió. Se crearon empresas que fueron emblemáticas de la industria petrolera durante mucho tiempo: Exxon, Mobil, Chevron, Sohio, Amoco, Conoco y Arco. La fortuna de los Rockefeller no tuvo grandes quebrantos.

En México, la nueva ley de las telecomunicaciones cuyas normas secundarias se dilataron muchos meses, un asunto que debería ser motivo de mayor atención, apunta a romper el cuasi monopolio que existe en el sector de la telefonía. La empresa América Móvil tiene, según los criterios ya vigentes, una posición preponderante en el mercado: Telmex 80 por ciento en telefonía fija y Telcel 70 en celular.

La historia existe. La situación actual es producto de una serie de decisiones políticas. Telmex se creó en 1947 como una empresa privada y monopólica con la fusión de Ericsson e ITT. En 1958 con apoyo del gobierno pasó a ser propiedad de empresarios mexicanos. En 1972 el gobierno compró 51 por ciento del capital y se convirtió en una empresa estatal con participación privada. En 1990 se privatizó y de facto se constituyó una empresa monopólica que se ha ido abriendo, pero que mantuvo una preponderancia significativa en el mercado. La reforma actual es un giro más en esta historia de idas y venidas.

Conforme a lo previsto en la ley, dicha preponderancia tiene que romperse y esa compañía debe reducir su participación a no más de 50 por ciento en el sector, dando acceso a sus competidores a las redes e infraestructura mediante las que se transmiten las señales.

Pero de forma casi inmediata a la promulgación de esta normativa, América Móvil anunció que en lugar de tomar ese camino venderá una parte sustancial de sus activos para reducir su participación del mercado. Se habla de que se deshará de alrededor de 20 a 30 mil millones de activos, vendiéndolos a una empresa con experiencia y capacidad de inversión en el sector. Se entiende que no será una de sus actuales competidoras en México.

Una parte de esta estrategia deriva de las condiciones impuestas por la ley. Otra es la oportunidad que se abre de diversificar las inversiones de América Móvil con capital fresco. Salir del mercado de la telefonía cuyo crecimiento relativo en el sector de las telecomunicaciones es bajo, y colocar los fondos de la venta en otros segmentos: televisión de paga, Internet y, según lo declarado por la empresa, en contenidos. La nueva ley permite ya su participación en la provisión de telefonía, datos y televisión, que antes le estaba prohibido. Además de que durante años ha expandido sus negocios en América Latina.

El monopolio se va a romper tal y como estaba definido. La venta de sus activos no representará nueva inversión y la evolución del sector entrará en una nueva modalidad que aún no se puede delinear. Los precios al consumidor podrán reducirse, como es el caso de la larga distancia y se replantea la manera en que se prestan algunos de los servicios y se cobran ciertas comisiones. No podía esperarse menos. Cabe esperar más. El consumidor necesita más calidad y menores precios. Aún falta mucho.

En la televisión habrá un reacomodo también. En todo caso se ve que los legisladores fueron cuidadosos en el tratamiento de esta parte de la industria. Para la política es mucho más útil la pantalla que el teléfono. Será muy difícil competir con una Televisa muy grande y Tv Azteca grande y bien posicionada. Por otro lado, las fortunas de quienes participan en la industria están a salvo.

Una manera de seguir los procesos y las consecuencias de esta reforma de las telecomunicaciones y sus implicaciones económicas es la receta más sencilla: follow the money.



*Artículo publicado en La Jornada el 14 de Julio de 2014.